El sigilo, confidencialidad y precaución con que el gobierno ha manejado el rescate del galeón San José se ha prestado para todo tipo de rumores y equivocaciones. Los expertos y países que están en desacuerdo con esta operación los han usado para sembrar en las últimas semanas nubarrones sobre una de las operaciones arqueológicas sumergidas más importantes hechas en el mundo.
En juego no solo está el destino final de la carga, los elementos que aún quedan de la embarcación y los secretos que los vestigios puedan revelar sobre esa época. La verdadera disputa se centra en las consecuencias que tendrá el camino solitario que Colombia tomó para preservar y recuperar las numerosas embarcaciones que yacen en sus mares. Esa ruta se enfrenta a la que España, Francia, algunos miembros de la Unesco y otras naciones han tratado de imponer en el mundo: que las embarcaciones de Estado y sus cargas, sin importar la época y el lugar, pertenecen a la nación de su bandera. Y, frente a cualquier intento por sacarlo de forma no científica, algo que también es motivo de debates, lo mejor es conservarlas in situ.
No es nueva la decisión soberana de Colombia de rescatar estas embarcaciones, que reposan en sus aguas, a las que considera parte de su patrimonio cultural sin importar su procedencia o bandera. Sí lo es que nunca había estado tan cerca de rescatar uno de estos grandes galeones, como el mítico San José, uno de los navíos que dejaron el pecio (término técnico que designa a los restos de un naufragio) más valioso conocido de la época colonial.
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El 25 de mayo se cierra el plazo para que las empresas interesadas se presenten al proceso de selección de la alianza público-privada (APP), que definirá quién financiará y trabajará con el Estado. El trabajo incluye hacer las excavaciones arqueológicas sumergidas; extraer los bienes y elementos fundamentales, y conservarlos y exhibirlos en un nuevo museo situado en Cartagena. El inversionista deberá asumir en su totalidad -como ha ocurrido hasta ahora- todos los costos, estimados en 60 millones de dólares, pero también los sobrecostos y riesgos.
Tras casi tres años de trabajos técnicos y científicos, la empresa británica Maritime Archaeology Consulting Switzerland AG (MACS) entregó la información y financió los 6,1 millones de dólares que costaron los trabajos que realizó con apoyo de la Armada, el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn). También estructuró la APP durante tres años, y todo ello hace que sea el más probable ganador de la escogencia.
Un largo camino
Este capítulo comenzó en 2014 cuando el historiador y antropólogo cubano-norteamericano Roger Dooley le dejó un regalo al presidente Juan Manuel Santos en una reunión diplomática en Estados Unidos. Se trataba de un mapa antiguo del Caribe colombiano en el que aparecía la ubicación secreta del San José. Al principio nadie tomó en serio el regalo, pero después el Ministerio de Cultura y el Icanh se encargaron de reunirse con el equipo de Dooley, quien trajo documentos nunca antes conocidos de los archivos de La Habana, Jamaica y España. El lugar del naufragio aparecía como una isla que no existe.
Entonces, el proceso comenzó en serio. Dooley consiguió al inversionista inglés Ross Kevin Hyett, quien aceptó financiar la expedición a todo riesgo, para adelantar las exploraciones. Tras una larga etapa jurídica y de planeación mantenida como secreto de Estado, pero totalmente registrada en actas y grabaciones, los investigadores definieron el polígono a explorar y las autoridades dictaron las medidas necesarias, como la Resolución 1456 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Cultura.
Como se trata de un equipo reservado, el gobierno contactó a su homólogo estadounidense para que le facilitara el acceso a un vehículo submarino autónomo (AUV, por sus siglas en inglés) dotado de sonar y cámaras. Washington autorizó a la empresa Woods Hole Oceanographic Institution, que se lo alquiló al gobierno a razón de 100.000 dólares diarios. El ARC Malpelo, con ese y otros equipos, zarpó de Cartagena en junio de 2015. Además de la gente de la Armada y del director del Icanh, Ernesto Montealegre, a bordo estaban Dooley; Gary Kozac, investigador encargado del sonar que trabajó en la exploración del Titanic; y Mike Purcell, operador del AUV, entre otros.
Todos los tripulantes firmaron una estricta cláusula de confidencialidad. Al cabo de tres semanas, luego de barrer la mitad del polígono y cerca de devolver el AUV, no apareció ninguna anomalía en el lecho marino. La expedición había gastado 4 millones de dólares sin éxito y la continuidad del proyecto estaba en entredicho. El último día llamaron a Hyett, quien dijo: “En la otra mitad está el ciento por ciento”. De inmediato programaron una nueva expedición que zarpó en noviembre, para explorar el segundo polígono. El primer día de exploraciones apareció una gran anomalía, que tras un par de días más, se comprobó. Era el San José.
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La tripulación estuvo cuatro días en altamar incomunicada, para que no se filtrara la información. Por fin hablaron, en desarrollo del protocolo acordado, con Mariana Garcés, ministra de Cultura, que estaba en Providencia. Luego, ella le comunicó la noticia al presidente, que estaba en un viaje oficial en Europa. Tras su regresó le anunció al país el hallazgo del mítico San José, el 4 de diciembre de 2015.
Con el hallazgo, comenzó el trabajo de estructurar la operación científica, a la par de los puntos fundamentales de una alianza público-privada. “Hemos impuesto los más estrictos protocolos y procedimientos porque para nosotros el San José no es un botín, sino una pieza fundamental de nuestra historia colonial. Lo que hagamos va a marcar nuestro camino, y seguramente el de otros países, acerca de cómo hacer estas operaciones arqueológicas sumergidas. Puedo decir que difícilmente algún país, incluso miembro de la Unesco, tiene un camino como el que diseñamos”, dijo el director del Icahn.
“Fueron tres años de intensa negociación, en muchas ocasiones todo estuvo a punto de romperse por nuestras exigencias o las de los ingleses. Teníamos claro que ante todo debíamos proteger el patrimonio”, reveló una fuente que hizo parte del equipo.
Si bien MACS hizo el denuncio y tiene prelación, todo el proceso se adelanta como una especie de licitación, en el que cualquiera puede presentarse. En caso de que otra empresa haga una mejor propuesta, MACS tiene el derecho de mejorarla. Pero si esto no ocurre, quien gane el concurso deberá seguir lo ya acordado y reembolsarle los gastos incurridos hasta ahora.
El contrato establece que el operador se compromete a invertir 197.727 millones de pesos o su equivalente en dólares para excavar, recolectar y conservar los vestigios encontrados en el yacimiento; construir un laboratorio especializado en arqueología marina y un museo (que la empresa administrará y usufructuará durante tres años); y hacer procesos de transferencia tecnológica al país.
Al contrario de lo que se ha dicho, no recibirá el 90 por ciento de todo lo que no sea patrimonial, es decir, lingotes de oro y plata, monedas y piedras preciosas. En las negociaciones definieron una escala de cuatro rangos que establecen su retribución. En el primer rango se contempla que mientras lo encontrado en bienes no supere 455.739 millones de pesos, el operador recibirá el 45 por ciento. En adelante, entre 455.739 y 911.478 millones de pesos, el operador recibirá el 40 por ciento. Cuando lo rescatado oscile entre 911.478 y 1.519 billones de pesos, la empresa se quedará con el 10 por ciento. Y a partir de esta última cifra, la Nación se quedará con el cien por ciento del resto.
Como explica uno de los estructuradores de los rangos, “los porcentajes no son acumulativos, por lo tanto no le entregaremos el 95 por ciento de los bienes no patrimoniales del galeón. Esta fórmula se diseñó para que al final el concesionario reciba máximo el 30 por ciento de los bienes no patrimoniales y el 8 por ciento de los patrimoniales y no patrimoniales que recibirá el gobierno”. El generador de la APP recibirá monedas, lingotes y piedras preciosas, pero dentro de las negociaciones el gobierno estableció que puede recomprar cualquier pieza por su mismo valor o hasta el 25 por ciento de la parte que le corresponde al operador. Esto, para garantizar la conservación del patrimonio cultural. El Estado debe decidir qué hará con su parte no patrimonial, lo que sin dudas abrirá nuevas polémicas.
El debate sobre el rescate del galeón San José se ha centrado en el valor de la carga, que según los estudios puede ser de 10 millones de pesos de la época. Sin embargo, “más allá de los metales y piedras preciosas, el barco encierra un incalculable valor patrimonial que hemos tenido siempre presente a la hora de estructurar la APP. Nosotros dejamos claro en el pliego que este proyecto debe procurar la preservación de los bienes patrimoniales”, explica la ministra de Cultura.
Los trabajos por recuperar los vestigios durarán entre 3 y 6 meses. El barco tendrá una tripulación de 80 personas y Roger Rusel y un miembro del Icanh codirigirán el proyecto. La concesionaria siempre tendrá que consultar decisiones con el gobierno colombiano.
Una vez en el sitio de la excavación, el equipo instalará un sistema para permitir que 3 ROV se ubiquen en el yacimiento, disperso en un área de alrededor de 250 metros de ancho y 700 metros de largo (ver infografía). Los arqueólogos decidieron zonificarlo con el fin de comprender el proceso de formación del sitio y aplicar técnicas (excavación estratigráfica en profundidad y en extensión, recolección superficial, entre otras), seguidas por la reconstrucción tridimensional del sitio y el registro en alta resolución de cada uno de los bienes extraídos.
Todo lo excavado y extraído será grabado e inventariado mediante un software especializado, con un altísimo nivel de seguridad en el que nadie puede hacer alteraciones. Se depositará en unas cajas con un gel especial. Estas cajas, bajo estrictas medidas a cargo de la Armada, irán al laboratorio para su tratamiento, conservación y exhibición en la base naval, custodiadas por tres anillos de seguridad. En otras palabras, la posibilidad de hurto o pérdida es cero.
Las próximas semanas son cruciales para el gobierno y para Colombia, que deberá enfrentar la batalla que se avecina con España, la Unesco y otras países que quieren quedarse con el San José y alguno de los más de 1.100 naufragios que hay en los mares y ríos nacionales. Una batalla que tiene su frente interno en la campaña de un grupo de antropólogos y la Procuraduría, que consideran que hay que rescatar al San José con recursos públicos y no por medio de una APP.