He leído el editorial publicado por El Espectador el pasado 1º de mayo de 2018, titulado “Claridad en el caso del galeón San José”.
El Ministerio de Cultura actúa con estricto cumplimiento de la ley y lo mueve la defensa de los intereses nacionales. Como toda entidad pública, la actividad de este Ministerio está sujeta a los organismos de control.
Dada la complejidad del proyecto del galeón San José, que venimos estructurando desde hace tres años, hemos adelantado una serie de reuniones con los medios de comunicación, nacionales e internacionales, donde presentamos al detalle los avances jurídicos y administrativos y el futuro del rescate científico que se adelantará con este hallazgo. Han sido reuniones de tres horas, en las que he participado personalmente en compañía del director del Icanh, Ernesto Montenegro; el director jurídico del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas, y el representante de la banca de inversión, Juan Carlos Parada, con la asistencia de editores y periodistas de diversas áreas como cultura, judiciales, política, economía y multimedia. El Espectador no fue la excepción.
La oficina de prensa gestionó la reunión con el jefe de redacción y editor multimedia, Élber Gutiérrez. El encuentro se llevó a cabo el pasado 24 de abril, en las instalaciones de El Espectador. Ustedes solamente delegaron al periodista Leonardo Botero, a quien pudimos contarle los detalles del proyecto y contestar todas las preguntas que hizo, incluidas algunas de las que retoma el editorial y deja sin respuesta.
Me permito explicar nuevamente algunos de estos interrogantes, no sin antes expresar mi inconformidad con el espíritu que se manifiesta en el editorial y que da lugar a algunas inquietudes que cuestionan el enorme esfuerzo legislativo, normativo, administrativo, técnico y científico que de manera responsable ha adelantado este gobierno frente al patrimonio cultural sumergido y sobre el hallazgo del galeón San José.
La Procuraduría General de la Nación ha realizado una vigilancia preventiva, en la cual ha solicitado diversos documentos y ha participado en varias reuniones, teniendo la oportunidad de examinar la información de la alianza público-privada. Con base en sus criterios, realizó una serie de observaciones y sugerencias, las cuales han sido estudiadas por un amplio equipo de juristas y hemos contestado y contestaremos oportunamente.
Este contrato de asociación público-privada (APP), sin recursos públicos, es producto de un larguísimo proceso de estructuración que se inició en enero de 2015, es decir, lleva ya más de tres años de revisiones permanentes por distintas entidades e instancias públicas. Esto implica que no se trata de algo en lo cual se esté improvisando o intentando dejar “a como dé lugar” antes de la finalización de este Gobierno, como lo expresa el editorial. La ley contempla unos tiempos a los que se les ha dado cumplimiento.
Quiero manifestarle que este Ministerio y el equipo que ha participado en el proyecto por parte del Icanh, la Armada Nacional y la Dimar han procedido siempre atendiendo a las obligaciones legales y éticas que la función pública nos impone y ha contado con el respaldo de la Comisión de Antigüedades Náufragas.
La Procuraduría manifestó en sus observaciones frente a la reserva de información de la APP que ésta sólo estaba relacionada con las coordenadas del naufragio, en los términos en que prevé la Ley 1675 de 2013. Sin embargo, es pertinente señalar que también está sometida a reserva la propuesta presentada, amparada igualmente en lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012.
De no haber acogido esa reserva que establece la ley, seguramente sería ahora la misma Procuraduría la que nos estaría reprochando no haber cumplido las disposiciones legales.
Sobre el nombre de los inversionistas y el origen de los capitales involucrados en el proyecto, vale resaltar que Maritime Archeology Consultants Switzerland es una compañía que ha reportado debidamente sus certificados a las autoridades colombianas.
El 15 de junio de 2017, el señor Ross Kevin Hyett, representante legal de la compañía originadora, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1508 de 2012, declaró bajo la gravedad de juramento que las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo fuesen beneficiadas en caso de resultar adjudicatario del futuro contrato de concesión, son, como accionistas, Anthony Peter Clake y Ross Kevin Hyett, y actuando como directivos, administradores y/o representantes legales, Ross Kevin Hyett, Oliver Plunkett y Jacques Michel Suter.
Cada uno de estos nombres fue sometido a revisión por parte del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), sin que se registrasen inconvenientes.
Sobre las preguntas por quiénes son los interesados de Géminis Consultores S.A.S. que aparecieron a última hora para justificar el concurso público y si hay alguna relación entre esos interesados y el actual Gobierno: NO, no hay ninguna relación. Sólo sabemos que consultaron los pliegos públicos en el Secop, que manifestaron su interés en participar y solicitaron ampliación del plazo del cierre de la convocatoria, el cual fue extendido hasta el 25 de mayo, para dar total transparencia e igualdad de oportunidades a los interesados.
Sobre las preguntas planteadas acerca de los procedimientos científicos que se utilizarán para la excavación, resulta preciso indicar que, además de presentárselos en detalle a su periodista, todos están descritos en los apéndices técnicos que se pueden consultar en el Secop. Ahora bien, si es deseo de ustedes que volvamos a presentarles el tema, procederemos apenas su agenda lo permita. Lo que sí le podemos garantizar a la opinión pública es que se trata de la intervención de un sitio arqueológico con los más altos estándares.
Frente a la inquietud de cuándo y cómo el Consejo Nacional de Patrimonio determinará qué bienes hacen parte del patrimonio cultural de la nación, se puede remitir al apéndice de retribución financiera del contrato, donde se explica claramente el procedimiento. Asimismo, en los pliegos y en la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido se encuentran los criterios con los que se determinará cuáles son esos bienes. De esta manera, todos los bienes recuperados se someterán al proceso de restauración. Una vez restaurados, se pondrán a consideración del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, el cual, con base en los cinco criterios definidos en la Ley de Patrimonio Sumergido (representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica y cultural y el principio de unidad), establecerá qué es y qué no es patrimonio cultural de la nación.
Por otra parte, y en relación con la inquietud de la operación de vigilancia, se ha previsto la conformación de tres anillos de seguridad. El primero es responsabilidad directa del contratista; el segundo está bajo la supervisión de la Armada Nacional, asumiendo los costos el contratista; el tercero le corresponde a la Armada Nacional, como parte de las tareas misionales de soberanía y seguridad que realiza a diario en nuestros mares. Asimismo se solicitó en el contrato la creación de un software especializado en registro que garantizará la trazabilidad de cada uno de los bienes que se recuperen desde el inicio del proyecto y que quedará a disposición de la comunidad científica.
Sobre la inquietud de cómo el Gobierno se está blindando para un supuesto litigio internacional que el rescate generará, se ha diseñado una estrategia que abarca tanto el plano internacional como el nacional. El Ministerio inició mesas de trabajo con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y las demás entidades involucradas para coordinar acciones en ese sentido. Por precisas instrucciones del presidente Santos se contó con una reconocida firma internacional para construir los posibles escenarios de litigios.
En este momento no hay ninguna demanda vigente interpuesta al Gobierno colombiano por parte de la Sea Search Armada. Las coordenadas denunciadas en 1982 por esta empresa, y sobre las cuales la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció un derecho sobre el 50 % de los objetos no patrimoniales, NO corresponden a la ubicación del galeón San José, como de manera errada lo promulga dicha compañía. La sentencia de 2007 es contundente.
En nuestro Gobierno logramos promulgar la Ley del Patrimonio Sumergido, después de muchos años de intentos. A través de ella, hoy podemos llevar a cabo una asociación público-privada sin comprometer un solo peso de los colombianos, para recuperar uno de los hallazgos más importantes de la humanidad, el galeón San José.
Este es un proyecto de carácter científico y cultural, el más ambicioso de todos, que por medio de una gran operación científica nos permitirá rescatar, recuperar y divulgar al mundo este patrimonio.
El galeón fue hallado en nuestras aguas y la ley determina que hace parte del patrimonio arqueológico de nuestra nación. Como colombianos, debemos sentirnos orgullosos de esta expedición sin precedentes en la historia y defenderla como un propósito nacional. Tenemos gente capacitada y un gran equipo trabajando desde hace más de tres años en los temas jurídicos y científicos para garantizar total transparencia. A Colombia le quedará la posibilidad de disfrutar de esta riqueza patrimonial y también de la transferencia de nuevas tecnologías y conocimientos; un laboratorio único en Latinoamérica, un museo de aproximadamente 18.000 metros cuadrados y de significativas revelaciones sobre un período de nuestra historia.
https://www.elespectador.com/opinion/el-ministerio-de-cultura-sobre-el-galeon-san-jose-columna-754233
* Ministra de Cultura.