Bogotá, 21 de marzo de 2024 (@Minculturas). Cada año, el Programa Nacional de Concertación Cultural apoya –con la asignación de recursos- la ejecución de algunos de los proyectos culturales y artísticos que proponen las entidades y organizaciones de todo el país. Pero en 2024, luego de una decisión institucional, el programa experimentó transformaciones profundas que buscaban generar un mecanismo más apropiado con las realidades locales y regionales de Colombia.
Detrás había una meta: llevar los recursos públicos de la cultura a todo el país y, sobre todo, a los municipios más apartados y excluidos, aquellos que cuentan con menos dinero y oportunidades, que históricamente han estado en condiciones de marginalidad y que, normalmente, viven situaciones de desigualdad y violencia estructural. Allí, aunque muchas veces los artistas, creadores, gestores y organizaciones culturales hacen un trabajo clave, que termina siendo una fuente de resistencia, construcción de paz y un camino diferente para los más jóvenes, no siempre abundan las oportunidades para que desarrollen sus proyectos e ideas.
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Los resultados de la convocatoria, que se conocieron el pasado viernes 15 de marzo, demuestran que la meta va por buen camino. Para este año, el Ministerio de las Culturas asignó un total de $102.285.141.493, un 39% más que el año pasado, para apoyar 2.977 proyectos. Y de esos proyectos, 1.263 pertenecen a municipios con condiciones de exclusión, desigualdad y violencia estructural en regiones como La Mojana, el Magdalena Medio, el Urabá, el Catatumbo, el litoral Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía, y en departamentos como Guajira, Chocó, Arauca y Caquetá.
A ellos se les asignó un total de $50.134.760.000, priorizando inversiones en 288 de los municipios más excluidos del país. Esas cifras son un avance respecto a los años pasados, en los que no se priorizaban los municipios más excluidos (eso se hizo este año, en conjunto con el Ministerio de la Igualdad, a partir de indicadores como los índices de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, el acceso a la educación o las tasas de homicidio). Pero para poner un ejemplo, en 2023 se asignaron solo $35.222.110.000 para este tipo de territorios.
También, y buscando una visión amplia de la cultura, este año se apoyaron proyectos sobre cocinas y bebidas tradicionales, artes populares, medicina tradicional, medios de comunicación comunitarios, conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo, protección y transmisión de lenguas nativas, entre otros. Esto, sin excluir a los proyectos en artes como música, danza, artes plásticas y visuales, teatro, lectura, circo, literatura, patrimonio cultural o audiovisuales, que siguen recibiendo apoyo y recursos.
Se priorizaron inversiones en 288 de los municipios más excluidos del país
Los cambios del programa buscan facilitar el apoyo a los proyectos que se desarrollan en estos territorios. Territorios que por primera vez se priorizaron, en conjunto con el Ministerio de la Igualdad, a partir de indicadores como los índices de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, el acceso a la educación o las tasas de homicidio.
Más allá de esas priorizaciones, que buscan redistribuir mejor los recursos públicos, la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural sigue teniendo el objetivo de apoyar los proyectos mejor calificados. En ese sentido, para distribuir los recursos y definir los montos que se asignan a cada proyecto, una vez conocida la bolsa asignada a cada departamento, se construye una curva con base en una fórmula matemática que relaciona el valor solicitado con el puntaje obtenido por cada proyecto.
Los proyectos incluidos dentro de esta curva son aquellos que hayan cumplido con todos los requisitos y cuyo puntaje supere el establecido para cada departamento. Los proyectos con puntaje inferior o los que incumplen los requisitos no se tienen en cuenta para la asignación de recursos.
Aun así, y a pesar de los avances, el Ministerio sabe que hay que seguir potenciando, mejorando y democratizando estos mecanismos con los que las personas y las organizaciones culturales pueden acceder a los recursos públicos. La idea es que el acceso sea más democrático y que se fortalezcan los mecanismos de encuentro, visibilidad, circulación y acceso a la creación artística, a los bienes espirituales y a los saberes de la tradición y de las culturas, para que sus expresiones tengan un lugar protagónico y de reconocimiento común en nuestros territorios, en la región y en el mundo.