París, Francia, 16 de mayo de 2026. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció que Colombia participa por primera vez como Estado miembro en el Comité Subsidiario de la Convención de 1970 de la UNESCO y en el Comité Intergubernamental para Promover el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución (ICPRCP), en un esfuerzo articulado con diversas entidades nacionales.
Este hito representa un reconocimiento a nuestro país por más de dos décadas de trabajo sostenido en la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, que se ha implementado a través del Programa Nacional para Prevenir el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, del Ministerio de las Culturas. Desde estos espacios el país podrá visibilizar su experiencia, reforzar el trabajo articulado entre las instituciones responsables de la protección de nuestros bienes culturales, incidir directamente en decisiones estratégicas de alcance global y ampliar su acceso a cooperación técnica internacional.
La designación tiene su origen en 2024, cuando el país presentó formalmente su candidatura para asumir un papel más activo en la implementación de la Convención de 1970. Elegido en 2025, ocupa ahora este rol en representación de América Latina y el Caribe para el período 2025–2029.
Las intervenciones de Colombia, en cabeza de MinCulturas y la Cancillería, a través de la Delegación Permanente ante la UNESCO son el resultado de un importante trabajo articulado entre instituciones como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Archivo General de la Nación (AGN), el Museo Nacional de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la cartera de Culturas.
La participación en estos comités también apunta a tener impacto directo en comunidades y territorios vulnerables al saqueo, de acuerdo con la normativa nacional y con mecanismos de cooperación internacional como la Comunidad Andina, el Mercosur, INTERPOL e ICOM.
Con este paso, el país consolida una trayectoria que lo posiciona como referente regional en la defensa del patrimonio cultural mueble —y como interlocutor experto en los debates globales sobre soberanía cultural en representación de América Latina y el Caribe.
